Chile canceló la organización de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) y la del clima COP-25, que debían realizarse este año en Santiago, debido a la crisis social, informó este miércoles el presidente Sebastián Piñera.
“Nuestro gobierno, con profundo dolor, porque éste es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC (…) ni tampoco la cumbre de la COP-25”, dijo el mandatario, sobre la reunión comercial que se iba a hacer en Santiago, entre el 16 y 17 de noviembre; y la del clima, entre el 2 y 13 de diciembre.
“Sentimos y lamentamos profundamente los problemas e inconvenientes que los problemas de esta decisión significará para ambas cumbres”, agregó el jefe de Estado en La Moneda, acompañado por los ministros de Exteriores, Teodoro Ribera; y de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
Piñera argumentó su decisión “dadas las difíciles circunstancias que ha vivido nuestro país y considerando que nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno es concentrarse absolutamente en, primero, restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social; segundo, impulsar con toda la fuerza y la urgencia que se requiere la nueva agenda social para responder a las principales demandas de nuestros ciudadanos; y tercero, impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo para escuchar a nuestros compatriotas”.
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico era un encuentro clave dado que se esperaba que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiese firmar el pacto comercial con su par chino, Xi Jinping. Si bien no era seguro que esto sucediera, había expectativas para que se ponga punto final a la guerra comercial.
Entre los países miembros de la APEC están también Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, México, Perú y Rusia. Para esta edición estaba invitada también la Argentina, cuyo gobierno saliente a cargo de Mauricio Macri tiene buenas relaciones con el de Piñera. Era el compromiso internacional más importante del mandatario bonaerense antes de despedirse de su cargo tras perder las elecciones a manos de Alberto Fernández, que tiene previsto asumir el cargo el 10 de diciembre.
Para la COP-25 se esperaba la presencia en Santiago de cerca de 25.000 delegados, junto la activista sueca Greta Thunberg, para presionar por medidas más ambiciosas para rebajar las emisiones de carbono que provocan el calentamiento global.
Los chilenos siguen mostrando su descontento en las calles del país en numerosas manifestaciones, en algunos casos con presencia de disturbios, y mientras la cantidad de denuncias por presuntos abusos y violaciones de derechos humanos preocupan a organizaciones como Amnistía Internacional (AI).
La manifestación ciudadana programada para este martes pretendía ser tan masiva como la del pasado viernes, que congregó a 1,2 millones de personas en el centro de Santiago, esta vez frente al palacio de La Moneda (sede del Gobierno), pero las fuerzas de seguridad impidieron que las marchas llegaran al lugar.
La masa se agolpó entonces en el lugar habitual, la Plaza Italia, en ambiente festivo con banderas y proclamas en contra del Gobierno y en reclamo de un país más justo, aunque estuvo lejos de congregar a la cantidad de gente del viernes 25 de octubre.
En paralelo, a unos cientos de metros más allá, encapuchados formaban barricadas y enfrentaban con piedras a las fuerzas del orden, que respondían con bombas lacrimógenas y balines de goma. Esta dualidad entre manifestaciones pacíficas y focos de violencia se repitió en otros puntos del país, como Concepción y Temuco, ambas en el sur.
Después de 12 días de protestas, el balance oficial del Gobierno contabiliza 20 fallecidos, 6 de ellos ciudadanos extranjeros, y 5 de las muertes producidas presuntamente en intervenciones de las fuerzas del Estado, ya sea militares o policías.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile se han registrado 3.535 detenidos en todo el país y 1.132 civiles heridos, 595 por disparos (perdigones, balines de goma, disparos de bala o arma no identificada), además de actos de tortura sexual durante detenciones, golpizas, vejaciones y arrestos ilegales.
