El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel condenó a entre 80 y 351 años de cárcel a siete miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que extorsionaban a comerciantes del Mercado Central de San Miguel.
Entre los condenados también está el asesino de un sargento de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las extorsiones iniciaron en el año 2013 y se extendieron hasta 2018. Incluían tanto dinero como platos con comida.
Los pagos podían ser diarios, semanales, mensuales e incluso entregas únicas de cantidades relativamente altas de dinero, por ejemplo, de 7 mil 200 dólares.
Las extorsiones dependían de la capacidad de pago de la víctima, por ejemplo, clave 4224-23-1 entregó hasta 21 mil dólares durante varios años.
Mientras clave 4224-31-1 pagó 175 dólares. A finales de julio de 2017 fue amenazada de muerte.
La condena máxima, de 351 años de prisión, la impuso el Juzgado Especializado a Erick Noé Martínez Vargas por 18 casos de extorsión contra distintas víctimas a lo que le fueron sumados los delitos de organizaciones terroristas y proposición y asociaciones delictivas.
Gerson Eduardo Gaitán Portillo fue condenado a 288 años de cárcel por 13 casos de extorsión agravada y organizaciones terroristas.
Danny John Orellana Hernández fue condenado a 138 años de cárcel por cuatro casos de extorsión agravada, organizaciones terroristas y 50 años por el crimen del sargento José Manuel Guardado Serrano.
Guardado Serrano fue asesinado el 4 de noviembre de 2016 cuando caminaba en el mercado ubicado en el barrio El Centro, en San Miguel.
Francisco Borromeo López Pérez fue condenado a 200 años de cárcel por diez casos de extorsión agravada.
Kevin Antonio Romero Martínez fue condenado a 140 años de prisión por siete casos de extorsión agravada.
José de La Cruz Rivas Gómez a 88 años por cuatro casos de Extorsión Agravada y Organizaciones Terroristas.
Nelson Javier López Martínez a 80 años de prisión por cuatro casos de chantaje.
“Las condenas fueron impuestas (…) con base a las pruebas de cargo presentadas por la representación fiscal en el juicio, como las entregas controladas de dinero, evidencia documental y el testimonio de un criteriado”, puede leerse en el comunicado que divulgó la Fiscalía General.
