“Las reuniones entre políticos y pandilleros no son nada nuevo, ha quedado demostrado que las negociaciones son ciertas y que hay funcionarios involucrados”, dijo Raúl Melara, fiscal general, a propósito de la decisión que el 7 de mayo tomó el pleno de la Asamblea Legislativa de blindar el fuero de Norman Quijano, diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que es acusado de haber cometido fraude electoral y negociaciones ilícitas entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2014.
En entrevista televisiva el fiscal general criticó la decisión de la Asamblea de no permitir que el también expresidente de la Asamblea enfrente un juicio penal por los delitos que se supone cometió cuando supuestamente se sentó a negociar votos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18.
“La comisión de antejuicio no está para decir si una persona es culpable o no sino para determinar que existen indicios para ser ventilados en las instancias judiciales”, aclaró.
En la celebración de la sesión plenaria especial para dirimir el caso, la defensa de Quijano consideró que la evidencia no era suficiente para despojarlo del fuero y que tampoco existían razones suficientes para perjudicarlo enviándolo a enfrentarse a tribunales ordinarios.
Ese argumento convenció a varios diputados que se abstuvieron o votaron en contra. Solo 41 votaron a favor del desafuero, es decir, faltaron dos.
“El general Vargas (Mauricio Ernesto, de ARENA) es el primer sabedor que la Fiscalía no presenta casos sin tener pruebas; es irresponsable, antiético e inmoral que él diga que son casos que se manejan con arreglos bajo la mesa”, expresó.
Vargas fue uno de los diputados que se negó a votar por el desafuero de Quijano alegando que no había pruebas suficientes para hacerlo.
Se quejó, además, que con el mantenimiento del blindaje a Quijano en el país se genera una “sensación de impunidad”.
El 11 de octubre de 2019 el testigo criteriado “Noé”, en el juicio de la mediáticamente conocido como Operación Cuscatlán, declaró que Quijano había ofrecido hasta 1 millón de dólares a representantes de la MS-13 y el Barrio 18 entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
En una de esas reuniones se presume que participaron tres cabecillas: “el Snyper”, “el Chivo de Centrales” y “el Cisco de Tecla”. Por el partido tricolor, según el testigo, también estuvo el entonces diputado Ernesto Angulo.
El 12 de diciembre de 2019, el Juzgado Especializado de Sentencia A proyectó un material audiovisual en el que puede observarse a Quijano sentado de perfil reunido con un supuesto pastor evangélico y un grupo de personas.
En la grabación se escucha a Quijano prometer que, en caso de ganar las elecciones, encauzaría dinero del Gobierno para que los alcaldes invirtieran en la reinserción de delincuentes
