El menos 20 líderes sindicales estarían siendo investigados por las autoridades fiscales y para los que se espera en los próximos días se les abriría un proceso judicial criminalizando la lucha de la clase trabajadora.
La criminalización sindical es tal que ya se reporta un fallecido por denunciar las injusticias por el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y otros ocho empleados del Órgano Judicial que enfrentan un proceso judicial por una protesta. El único que ha mostrado su apoyo a los empleados públicos y privados es el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quién ha acudido a las instancias correspondientes y ha tomado la tutela de los casos.
Los sindicalistas se agolparon frente a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), donde le pidieron una audiencia al procurador, Apolonio Tobar, para que se pronunciara para defender los derechos vulnerados de los trabajadores. Este no quiso atender a los sindicalistas.
