Con la luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump comenzó ayer a aplicar una nueva normativa radical que deniega el asilo a casi todos los migrantes que lleguen a la frontera sur, medida que podría propagar la desesperación entre las personas que han huido de la pobreza y la violencia en sus países.
La nueva política, retroactiva, permite denegar el asilo a cualquier migrante en la frontera sur que no haya pedido esa protección en alguno de los países por los que haya transitado en su viaje a Estados Unidos. El miércoles en la noche, la Corte Suprema allanó el camino para que el gobierno ponga en marcha su normativa, mientras prosiguen las impugnaciones judiciales.
Los migrantes que llegan por tierra a Estados Unidos desde sitios como Honduras, Guatemala y El Salvador ya no podrán pedir asilo, lo mismo que cualquier africano, asiático o sudamericano que trate de ingresar a suelo estadounidense a través de México.
«Nuestra Corte Suprema está sentenciando a la gente a muerte. Y no hay garantías, no hay instituciones que paren esta crueldad», dijo la organización de ayuda a los migrantes, Al Otro Lado, en un comunicado.
El gobierno mexicano describió el fallo como «impresionante». Las repercusiones de la nueva política podrían recaer con mucha fuerza en México, porque le dejará a miles de migrantes pobres y desesperados que ya no tendrían esperanzas de ser admitidos en Estados Unidos.
Mark Morgan, comisionado interino del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la decisión de la Corte Suprema representaba una «gran victoria» del gobierno de Trump en sus esfuerzos por contener la llegada de migrantes.
En Tijuana, la hondureña Dunea Romero, de 31 años, comenzó a llorar ante la idea de que no le concedan el refugio en Estados Unidos. Dijo que hizo una maleta y huyó de su casa con sus dos hijos, de siete y 11 años, después de escuchar que su exesposo, un poderoso jefe delictivo, iba a ordenar que la mataran.
«Lo hice por no perder la vida. No quise dejar mis niños sin mama», afirmó.
Un nicaragüense que ha estado esperando en Ciudad Juárez para solicitar asilo en Estados Unidos podría ser de los afectados por la medida. Dijo que huyó de su país tras participar en varias acciones de desobediencia civil contra el gobierno.
Cruzó Honduras camino al norte, lo que implica que tendría que volver a esa nación sacudida por la violencia para pedir asilo bajo la nueva directiva.
Pidió que no se usase su nombre porque declaraciones suyas difundidas por la prensa en el pasado generaron represalias contra parientes en Nicaragua.
«El presidente de Nicaragua es amigo del presidente de Honduras, y lo que podría hacer el presidente de Honduras es enviar de vuelta a los nicaragüenses a su país», manifestó.
«Si vuelvo a Nicaragua, sería procesado por delitos que se me imputan: terrorismo y alta traición al gobierno de Nicaragua», afirmó.
En Tijuana, ayer por la mañana, Ngoh Elliot Takere, de Camerún, estaba a solo unos metros de territorio estadounidense y se sentía abrumado por la frustración, tras enterarse de que se le podría denegar la entrada.
Lleva dos meses esperando en México a que convoquen su número para que pueda solicitar el asilo.
Este fabricante de muebles de 28 años dijo que se fue de su país, que está en guerra, después de ser detenido por la policía por ser parte de una minoría angloparlante. Fue liberado con la condición de que se vaya del país porque de lo contrario sería asesinado.
Afirmó que los militares quemaron la casa de su familia y mataron a su madre.
Al mencionarse la posibilidad de que Estados Unidos no acepte su solicitud de asilo, respondió: «No puedo pensar eso».
«En Estados Unidos sé que recibiré protección», agregó.
El gobierno estadounidense ya ha regresado y obligado a unos 45,000 migrantes a esperar en México la decisión final sobre sus solicitudes de asilo
